La consecuencia directa es que el gobierno que salga elegido en España el próximo 26 de junio deberá reformar la ley hipotecaria a riesgo de que si no la Unión Europea le abra un expediente. Concretamente, los estándares comunitarios obligarían a los bancos españoles a implementar los siguientes cambios en la política actual en la concesión de créditos hipotecarios:
- Obligación de facilitar al cliente todas las ofertas existentes en el mercado
- Obligación de facilitar al cliente una copia del contrato antes de la firma y garantizándole un plazo de reflexión de siete días tras esta para que pueda retractarse.
- Eliminación de los recargos por amortización anticipada.
- Posibilidad de articular la dación en pago.
- Ofrecer un plazo “tolerante” antes de iniciar un procedimiento de desahucio
- Limitación de intereses de demora.
- Limitación a la venta cruzada, impidiendo que las entidades condicionen la concesión de una hipoteca a la adquisición de productos paralelos como seguros.
Estas medidas ofrecen una mayor protección a los clientes así como mayor transparencia todo el proceso de adquirir un crédito. Es por esto último que la directiva también da poderes a la banca para acceder a más información del particular antes de darle un crédito, evitando concesiones “irresponsables” como las que se dieron en el pasado y fueron precursoras de la crisis financiera.
Será el nuevo Ejecutivo electo el que deba llevar a cabo estos cambios si no quiere recibir una multa con remite de Bruselas.