El Impuesto sobre el Patrimonio se estableció por la Ley 19/1991, de 6 de junio, y fue materialmente exigible hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio. Posteriormente se restableció con carácter temporal ya que se contempla exclusivamente en 2011 y 2012, debiéndose presentar las consiguientes declaraciones, respectivamente, en 2012 y 2013. Desde el año 2014, sigue vigente ya con carácter permanente, por lo que se ha convertido en un tributo permanente que requiere realizar la adecuada Planificación Fiscal con el fin de minimizar el impacto que puede suponer al reducir de manera continuada el valor de su patrimonio.